Coincidiendo con el 9º aniversario de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, "que tantas frustraciones ha originado entre las personas dependientes y sus familias", según el CERMI Comunidad Valenciana, el Consell de la Generalitat no debería mantener vigente el Artículo 35 del Capítulo II, Título IX de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que modifica el capítulo XI del Texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, por la que se imponía el copago a dependientes y personas con discapacidad, dado que en la actualidad carece de coherencia y de lógica jurídica, puesto que el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) interpuso recurso de inconstitucionalidad, el pasado día 30 de marzo, a través precisamente del entonces líder de la oposición valenciana y hoy en día presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contra esta ley.

 

CERMI CV, a la espera de la aprobación de la citada Ley de acompañamiento a los presupuestos para el próximo año 2016, insta al Consell para que en el cálculo de la capacidad económica de las personas con discapacidad dependientes a la hora de recibir los distintos servicios, no se tenga en cuenta en la tasa copago las prestaciones como la de “por hijo a cargo”, de “previsión social”, de “ayuda a tercera persona”, o “gran invalidez”.

 

En el caso de las prestaciones económicas, se solicita también que dichas prestaciones, que no están reguladas por la Ley de Tasas, se ajusten al contencioso administrativo presentado por el CERMI  Comunidad Valenciana contra la Orden 34/2014 de modificación de la Orden 21/2012 por la que se establecía el copago para las personas dependientes.

 

Por lo que respecta al criterio de mínimos (mínimo establecido para el coste del servicio), se solicita que la aportación económica del usuario no exceda el 70% de su coste, así como que todos los cálculos que se realicen para determinar la capacidad económica de los usuarios se hagan de manera lógica y transparente. 

 

 

Asimismo, se solicita del Gobierno valenciano que se desarrollen las ayudas económicas para garantizar la autonomía personal y, en su caso, desarrollar y aplicar la figura del “asistente personal”, dada la alta incidencia de este apoyo para la calidad de vida de las personas afectadas por una gran discapacidad, así como su potencialidad para prevenir el agravamiento de la dependencia o el fomento de la participación y el desarrollo personal y social de la persona con discapacidad.

 

Todas esta medidas que solicita el CERMI Comunidad Valenciana, lo serían de manera cautelar hasta que el Congreso de los Diputados, en la próxima Legislatura, debata la iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio y apruebe una serie de medidas para una aplicación justa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.